Garantizar la accesibilidad en espacios públicos y a un empleo formal son algunos de los aspectos que deberían ser considerados para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos, y es una materia con temas prioritarios que atender en México.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señaló que otra de las acciones a considerar para garantizar los derechos de las personas con discapacidad es la armonización de leyes, reglamentos y políticas públicas con base en las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el marco de los 10 años de su entrada en vigor.
En 2012 y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 6.6% de la población tiene algún tipo de discapacidad, de dicha proporción, 52.3% es mujer y 47.7%, hombre, refirió.
Explicó que quienes viven con discapacidad enfrentan brechas de desigualdad, al tiempo que refirió que según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del INEGI de 2014, 40% de las personas con discapacidad trabajan o buscan empleo, en comparación con 70% de las personas sin discapacidad en esa misma situación.
En cuanto a ingresos, por cada 100 pesos que gana una persona con discapacidad, otra que no la tiene gana hasta 251 pesos, aun cuando ambas tengan la misma edad y preparación académica, según el estudio Discriminación estructural y desigualdad social, publicado por el Conapred y el Coneval en 2017.
Así, el Conapred añadió que entre algunos de los pendientes de la agenda de inclusión en el país destaca garantizar el derecho a la no discriminación de las personas con discapacidad, lo cual está plasmado en el “Decálogo para una Agenda Electoral Incluyente”, que ya ha sido enviada a los partidos políticos.
“Las personas con discapacidad deben contar con los medios para poder participar libremente en todos los ámbitos de la vida cotidiana, lo que implica facilitar que accedan a todos los espacios, realicen trámites y tomen decisiones sin la intermediación de terceros”, señala el Decálogo.
Así, abundó que la Convención, que este jueves cumple 10 años de haber entrado en vigor, busca promover, proteger y asegurar el goce y ejercicio de los derechos y libertades de las personas con discapacidad, misma que en diciembre de 2006 fue aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Con ello, agregó el organismo, la Convención es el primer instrumento internacional en materia de discapacidad de carácter universal y vinculante para los Estados parte, aunado a que reconoce que la discapacidad forma parte de la diversidad y condición humana.
“La discapacidad no la originan las personas que la tienen, sino la sociedad que les impone barreras en los entornos, lo cual les impide ejercer sus derechos en igualdad de condiciones”, puntualizó el organismo.
Fuente: Economía Hoy