Con la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ya en marcha en Montreal y la Administración Trump anunciando aranceles especiales a las importaciones de paneles solares y lavadoras, la supervivencia del acuerdo comercial a tres bandas mantiene en vilo a México, Canadá y a las empresas estadounidenses. México desplumaría la industria avícola de Estados Unidos si termina el TLCAN.
No es para menos. Según un análisis de la Business Roundtable, una asociación que agrupa a los principales empresarios del país, la salida de Estados Unidos de este tratado, en vigor desde 1994, culminaría en una destrucción de 1.8 millones de empleos a medio plazo en el país.
“La mayoría de las pérdidas de empleos afectarían a los trabajadores menos cualificados en la industria manufacturera, el sector agrícola y el área de servicios”, indica el informe elaborado por Trade Partnership Worldwide por encargo de la Business Roundtable. Al tiempo, los salarios y otros ingresos caerían ente un 0.9 y 1.9%.
La rescisión del TLCAN implicaría un alto coste de los aranceles a las exportaciones e importaciones de Estados Unidos, lo que reduciría la competitividad de sus empresas. Paralelamente, las exportaciones estadounidenses a Canadá y México se reducirían en un 17.4 % y el poder de compra de los ciudadanos americanos caería en casi 654 dólares, debido al incremento de los precios y la caída de los sueldos por los posibles gravámenes comerciales.
Joshua Bolten, presidente y consejero delegado de la Business Roundtable, explicó en un comunicado que “la terminación del TLCAN reduciría permanentemente el empleo, las exportaciones y la producción económica del país, beneficiando así a nuestros competidores a costa de los trabajadores y las empresas estadounidenses”.
En busca de encontrar solución al Presupuesto más allá del próximo 8 de febrero, el primer borrador de lo que se supone será el plan de inversión de infraestructuras de la Casa Blanca, cuyo valor ascendería hasta el billón de dólares, fue filtrado por el portal de noticias Axios.
A lo largo de las seis páginas se determina que el grueso de las asignaciones, un 50%, se destinarán a una “iniciativa de incentivos de infraestructura” que fomentaría la inversión estatal, local y privada mediante incentivos en forma de subvenciones.
Por otro lado, un “programa de infraestructura rural” asumiría un 25% del dinero total y ofrecería subsidios para el desarrollo en áreas rurales con la intención de mejorar el acceso a las mismas y ofrecer banda ancha, entre otros objetivos. Otro 10 por ciento se destinaría a un “programa de proyectos transformadores”.
Fuente: Economía Hoy