Consideradas como una opción para financiar proyectos de infraestructura, las asociaciones público – privadas (APP) en México apenas han invertido el equivalente al 0.4 por ciento del producto interno bruto (PIB), menos de la mitad respecto al 1.1 por ciento del PIB que representan en Brasil y al uno por ciento en América Latina y el Caribe, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Ello a pesar de que México acaparó 11.6 por ciento del financiamiento que bancos multilaterales de desarrollo han otorgado en una década a países de la región con dicho esquema y hasta 21 por ciento de los 5 mil 800 millones de dólares concedidos por el BID para 135 proyectos con las APP. El BID aporta 35 por ciento del financiamiento total que han autorizado los bancos multilaterales para obras de infraestructura.
En toda la región, las inversiones mediante las APP prácticamente se quintuplicaron al pasar de 8 mil millones en 2005 a 39 mil millones de dólares en 2015, último año del que el BID obtuvo cifras comparables para todos los países analizados.
El monto acumulado de dicha inversión en esa década ascendió a 361 mil millones de dólares que sirvieron para financiar mil obras, de las cuales 48 por ciento fueron del sector energético y otro 46 por ciento para transporte, mientras el 6 por ciento restante se repartió en obras de agua y saneamiento así como tecnologías de la información y comunicaciones.
El BID destacó que Brasil ha concentrado 65 por ciento de esos capitales y “en un muy lejano segundo lugar le sigue México” con apenas 11 por ciento del total.
El récord de inversión de las APP en la región ocurrió en 2012 con 67 mil millones de dólares, seguido de 2014 con 65 mil millones de dólares aproximadamente, pero en 2015 se desplomó a casi la mitad al ubicarse en sólo 35 mil millones de dólares, de acuerdo con las estadísticas del BID.
El total de las inversiones de las APP en América Latina y el Caribe equivalen al uno por ciento del PIB regional pero, al mismo tiempo, representan 76 por ciento de todas las inversiones que ha realizado el sector privado en obras de infraestructura en la zona, se precisa en el estudio Evaluación de Asociaciones Público- Privadas en Infraestructura realizado por la Corporación Interamericana de Inversiones del BID.
Las APP, advirtió, “no están exentas de riesgos” sobre todo en temas de gestión fiscal porque para los gobiernos “resultan una alternativa atractiva que les permite cosechar los beneficios políticos de implantar infraestructura y al mismo tiempo repartir el costo hacia los futuros contribuyentes”.
Además, las licitaciones de las APP realizadas de manera ineficiente o corrupta son el origen de problemas futuros para otros proyectos enmarcados con el mismo esquema y como son financiados en gran medida con recursos privados “afrontan costos de capital más elevados que los de los proyectos financiados exclusivamente con fondos públicos”.
Fuente: La Jornada