Por Ali Miriam Ramírez Marín*
El ejercicio fiscal 2026 marca un punto de inflexión en el entorno corporativo mexicano. Con la entrada en vigor del Paquete Económico 2026 y una serie de reformas estructurales, la alta dirección debe anticipar ajustes significativos en sus estructuras de costos, modelos de contratación y esquemas de cumplimiento normativo.
Una de estas reformas es el incremento del 13 % al salario mínimo, elevando el piso salarial a 315.04 pesos diarios (y 440.87 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte). Este ajuste no solo impacta la nómina directa, sino que también presiona al alza las cuotas patronales y las prestaciones vinculadas a esta métrica.
Aunado a ello, las organizaciones deben iniciar la planeación para la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Este cambio exigirá la optimización de procesos operativos para mantener la productividad, así como el análisis de la estructura de turnos, los esquemas de tiempo extra y las estrategias de retención de talento ante un marco de mayores derechos laborales.
Para las empresas que operan bajo el modelo de plataformas digitales, la regulación que otorga acceso al IMSS e INFONAVIT a sus colaboradores representa un cambio sustancial tanto en la estructura de costos operativos como en la naturaleza jurídica de las relaciones laborales.
Desde una perspectiva financiera, el empresario debe considerar que el costo total de un colaborador puede ser entre un 38 % y 50 % superior al sueldo neto que este recibe. Este incremento impacta directamente en el Salario Base de Cotización, elevando las cuotas patronales al IMSS, las aportaciones al INFONAVIT, el Impuesto Sobre Nómina y los pasivos laborales.
El impacto no es homogéneo y presenta riesgos específicos según el sector. Las empresas con alta densidad de mano de obra operativa podrían enfrentar incrementos en su costo global de nómina de entre el 15 % y 25 %. Para las micro y pequeñas empresas con márgenes estrechos, este aumento en el costo operativo podría incluso incentivar el desplazamiento hacia la informalidad para mantener su viabilidad financiera.
La estrategia de recaudación para 2026 se centra en la fiscalización digital y el aumento selectivo de impuestos indirectos. Para los departamentos fiscales, los puntos clave incluyen los ajustes al IEPS con incrementos en tabaco, bebidas saborizadas y apuestas, así como las nuevas obligaciones de retención de ISR e IVA para plataformas digitales, incluidas entidades extranjeras. Esto obliga a una actualización de los sistemas de facturación y cumplimiento electrónico.
La reforma a la Ley Aduanera prioriza el combate al contrabando y la subvaluación mediante la digitalización integral de procesos. El sector exportador, particularmente las empresas de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, enfrenta un endurecimiento en la vigilancia aduanera.
Para los importadores, el impacto se refleja en el aumento de la severidad de las multas y en controles más estrictos, lo que exige una auditoría preventiva de los expedientes de comercio exterior a fin de mitigar riesgos de sanciones o la suspensión de padrones.
En materia de telecomunicaciones y seguridad operativa, como parte de una política de seguridad pública, el registro obligatorio de líneas móviles vinculadas a la CURP impone una nueva carga administrativa. Las empresas con flotas de telefonía corporativa deberán asegurar el registro antes de junio de 2026 para evitar la suspensión gradual del servicio, lo que podría comprometer la continuidad operativa y la comunicación con los clientes.
Para finalizar, una de las recomendaciones estratégicas para los tomadores de decisión, ante un entorno de mayor control fiscal y fortalecimiento de los derechos laborales, es realizar un análisis detallado de las reglas transitorias publicadas en el Diario Oficial de la Federación, con el fin de adaptar sus modelos de negocio antes de que concluyan los periodos de implementación.
Más allá del cumplimiento técnico, el panorama de 2026 invita a una transformación profunda de la cultura organizacional. El éxito no residirá únicamente en la adaptación financiera, sino en la capacidad de las empresas para evolucionar hacia modelos de gestión más humanos y eficientes. Es momento de que la alta dirección en México asuma este cambio como un motor de innovación, donde la transparencia normativa y el compromiso con el talento se conviertan en los pilares de una nueva competitividad global. El futuro pertenece a quienes deciden liderar el cambio, en lugar de solo reaccionar ante él.
* Gerente de transparencia y enlace legislativo