Por Dr. Gerardo Tajonar Castro*
El deterioro de las relaciones diplomáticas entre México y Perú no es un mero diferendo político; es un claro ejemplo de cómo la política exterior puede perjudicar activamente al comercio internacional. Este episodio demuestra cómo la subordinación de la agenda comercial a los vaivenes de la política exterior ideológica representa uno de los mayores frenos autoimpuestos al potencial exportador de México. Las disputas de esta naturaleza se han traducido en costos directos y en la pérdida de oportunidades tangibles, afectando desproporcionadamente a quienes menos capacidad tienen de absorber el golpe: las pequeñas y medianas empresas (PYMES). La política exterior no puede ejercerse en un vacío; sus repercusiones son inmediatas y graves en el ámbito del comercio internacional, un sector vital para la economía nacional.
El deterioro de la relación con Perú no es un asunto trivial. Si bien no figura como nuestro principal socio comercial, es un mercado relevante y un socio estratégico dentro de la Alianza del Pacífico, bloque que representa uno de los esfuerzos de integración más relevantes para México en la última década. Para muchas PYMES mexicanas, Perú representa una puerta de entrada accesible a los mercados sudamericanos, un destino con afinidades culturales y, crucialmente, un marco normativo (el de la Alianza) diseñado específicamente para facilitar el intercambio de las economías que la integran. Cuando la jefatura del Estado mexicano utilizó la plataforma presidencial para descalificar e intervenir abiertamente en los procesos políticos internos de un socio, se generó una incertidumbre que paraliza la inversión, el riesgo y el intercambio.
¿Cómo ha venido afectando esto concretamente a la PYME? De manera directa y perjudicial. Una empresa que está en proceso de consolidar una exportación, que ha invertido recursos limitados en prospección de mercado, adaptaciones de producto, certificaciones o en la búsqueda de alianzas locales en Perú, se enfrenta ahora a un ambiente hostil. No se trata únicamente de la amenaza latente de barreras arancelarias o no arancelarias que puedan surgir como represalia, sino del deterioro inmediato del soporte institucional. La cooperación consular, la promoción comercial y la facilitación de negocios que, en teoría, deberían brindar las representaciones diplomáticas, se congelan o desaparecen. El empresario mexicano pasa a ser visto con recelo, no por sus acciones o la calidad de sus productos, sino como una extensión de un gobierno que ha optado por la confrontación.
Ante este escenario, la pasividad no es una opción. Como sector empresarial, debemos promover un diálogo formal con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para plantear el blindaje de la agenda comercial. Las oficinas de promoción y facilitación de negocios no deben estar sujetas a los conflictos ideológicos de la diplomacia. Se debe reorientar la política exterior hacia su función primordial de ser un facilitador económico. Paralelamente, la Secretaría de Economía debe articular mecanismos de apoyo o fondos de contingencia para las PYMES afectadas por decisiones políticas ajenas a su control, permitiéndoles diversificar riesgos sin que esto signifique la pérdida de su inversión.
Este lamentable episodio con Perú debe servir como lección. Un gobierno que prioriza posturas ideológicas personales por encima de la pragmática y necesaria defensa de los intereses comerciales de la nación olvida su función primordial. Cada vez que la diplomacia se convierte en activismo militante, las que pagan la factura son las PYMES. Es imperativo reorientar la estrategia internacional hacia la neutralidad y el fomento económico, pues solo así se protegerá a los verdaderos motores del empleo en México.
* Vicepresidente de Comercio Exterior de Canaco y presidente de ANIERM