CANACO CDMX: LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL PONE EN RIESGO LA CAPACIDAD COMPETITIVA DEL PAÍS

Ciudad de México a 5 de mayo de 2025.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la
Ciudad de México apoya y reconoce el interés del Gobierno de la República de establecer mejores
condiciones laborales para los trabajadores del país, tal y como ha quedado demostrado con el esfuerzo
que ha significado asumir costos adicionales por la ampliación de los periodos vacacionales, mayores
aportaciones patronales a las pensiones y los incrementos constantes al salario mínimo.
No obstante, en la Canaco CDMX también estamos convencidos de que el gobierno no debe olvidar que
las relaciones entre capital y trabajo tienen que sostenerse bajo un equilibrio en el que ambas partes
sean beneficiadas.
El entorno de los negocios en México se ha tornado muy complejo debido a las presiones de los
mercados internacionales, la reducción paulatina de la inversión pública, la ausencia de políticas fiscales
equitativas que estimulen la inversión y el aumento constante del comercio informal en el que prolifera
la mercancía de dudosa procedencia, así como productos de origen chino que entran al país de manera
ilegal y no cumplen con la normatividad vigente.
La reducción de la jornada laboral tiene implicaciones significativas sobre la productividad empresarial,
lo cual pone en riesgo la capacidad competitiva del país ante la ya complicada situación con nuestros
socios comerciales en un contexto cada vez más complejo y enrarecido.
Por ello, los empresarios organizados de México somos de la opinión de que la reducción de la jornada
laboral debe ajustarse a condiciones de razonabilidad jurídica, viabilidad de los negocios y, sobre todo,
a los indicadores de crecimiento de la economía del país.
El bienestar general es un principio aplicable a todos los mexicanos, el cual está atado a la existencia de
los negocios y empleos, por tal motivo, la reducción de la jornada laboral no debe ser una disposición
que se aplique de manera unilateral, sin valorar el impacto negativo que dicha disposición tendría en
las contribuciones a la hacienda pública, el IMSS y el Infonavit, además de los costos que eventualmente
impactarán en el crecimiento económico y la competitividad del país