La Ley Fintech todavía tiene camino por recorrer. Aunque ya fue aprobada en el Congreso y enviada al Ejecutivo para su publicación, ahora instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tienen plazos de seis, 12 y 24 meses para crear las disposiciones secundarias que regularán a las empresas del sector.
Una vez que la legislación se publique en el Diario Oficial de la Federación, las autoridades involucradas deberán cumplir con los periodos establecidos para emitir disposiciones sobre prevención y detección de financiamiento al terrorismo, seguridad de la información de los clientes, políticas de confidencialidad y activos virtuales, entre otros temas.
“Hemos tenido conversaciones desde antes de la aprobación de la ley para discutir y orientar los temas de las disposiciones. En las próximas semanas esto se va a intensificar con temas específicos”, dice Francisco Meré, presidente de la asociación Fintech México, que reúne a más de 30 empresas del sector de instituciones de tecnología financiera (ITF).
Sobre la CNBV recae la mayor parte de estas disposiciones, como los requerimientos de capital mínimo, los límites de recursos que las empresas podrán mantener a nombre de sus clientes y la información de operaciones que las empresas deberán reportar a las autoridades.
“Nosotros tenemos esas estadísticas a un nivel que pocas plataformas o instituciones tradicionales tienen. Estamos preparados para enfrentar la regulación”, afirma Rebeca Azaola, country manager de la plataforma de préstamos en línea Afluenta México.
Los reportes relacionados con el lavado de dinero son un pendiente que le preocupa al sector, por la carga de trabajo que podrían generar, comenta Emilio Ramírez-Gamiz, socio de la consultora EY. “Les preocupa mucho, pero una vez que se conozca la regulación, las fintech pueden aprovechar su conocimiento para proponer una forma más conveniente de presentar la información, que no implique una carga”, expone.
El Banco de México también tiene un papel importante que desempeñar. En los siguientes seis meses a la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación deberá emitir las disposiciones generales sobre las características de los activos virtuales y, en máximo dos años, los normas para compartir información y datos (open banking estándar).
La ley permite a los intermediarios cobrar por el acceso a la información y datos. La CNBV deberá evitar que estos cobros se conviertan en una barrera de entrada para las start-ups u otras instituciones.
Especialistas y empresarios coinciden en que las disposiciones secundarias deben fomentar la inclusión financiera, la competencia, la innovación y la protección al consumidor.
Fuente: Expansión